Cómo destruir a un hombre [empezando por violar su derecho a la paternidad respecto a su hijo]

Fuente: El Informador. Edición: OEDH.

Hace unas semanas salió en este periódico (El País) una noticia tremenda que, sin embargo, creo que no generó el escándalo que hubiera debido originar, de modo que me voy a permitir resumir los hechos. Era un reportaje de Jesús García y contaba que el Tribunal de Estrasburgo había condenado a España por dar en adopción a un niño sin permiso de su padre. Esta salvaje historia comenzó en 2001, cuando llegaron a Murcia el padre, su pareja y su hijo de un año, los tres nigerianos. Al poco tiempo, el hombre, K., consiguió un empleo en Santa Coloma de Gramenet y se fue allí a trabajar. Con la mala fortuna de que, mientras estaba fuera, la Policía detuvo a la madre, que no tenía papeles, y la expulsó de España. El bebé se había quedado provisionalmente con unos amigos españoles, pero Protección de Menores les retiró la custodia porque consideró que el niño estaba “en situación de abandono” y lo ingresó en un centro de menores. Inmediatamente, K. informó al centro de que él era el padre del niño, pero el bebé no estaba inscrito en el registro civil y el pobre K. no disponía de los malditos mil 200 euros necesarios para hacerse la prueba de ADN. Mientras tanto, los ciegos y absurdos procedimientos administrativos continuaban su marcha; un juez pidió la comparecencia de la madre, y como no apareció, porque había sido expulsada, entregó el niño a una familia de acogida.

Ahora imaginen la desesperación y la absoluta falta de recursos de ese hombre, que pasó cuatro años más sin poder reunir el dinero para las pruebas de ADN; y si logró hacérselas en 2005 fue gracias a la ayuda de una ONG. Pero, a esas alturas, el Estado español consideró que la reagrupación familiar era algo improcedente. Y ahora viene la parte más terrible: todas las instancias judiciales pisotearon los derechos de K. Primero el juzgado de familia, luego la Audiencia de Murcia, el Tribunal Supremo y por último, incluso, el Constitucional, que rechazó el recurso de amparo. No sólo negaron la reagrupación, sino que en 2007 dieron definitivamente el niño en adopción. Cuando eso sucedió, K., enloquecido de dolor, se metió en el despacho del jefe de Protección de Menores de Murcia y dijo que no se iría de allí hasta ver a su hijo. Enseguida fue detenido, juzgado y condenado a pagar una multa: para estas cosas represivas, la maquinaria de nuestro Estado funciona de maravilla. Eso sí, el juez que le condenó observó que K. estaba “psicológicamente destruido, sometido a periodos de lágrimas y lamentaciones, sin ninguna agresividad”. Y hasta aquí esta historia desoladora y repugnante sobre el absoluto desdén con que un Estado aplasta a una persona; y sobre cómo puede hacerlo porque se trata de un inmigrante pobrísimo, de un negro marginal. Una creía que un Estado de derecho debería proteger justamente a individuos tan indefensos como éste; pero en vez de hacer eso lo han triturado.

Puede que, tras leer este cuento de terror, quieras consolarte pensando que este suceso atroz es una excepción, una concatenación fatal de malas prácticas y muy mala suerte. Pero lo peor es que parece que no es algo inusual, sino la punta del iceberg de un consistente y repetido maltrato contra los inmigrantes. Y así, los lectores me cuentan de cuando en cuando historias delirantes como esta: “Hace un año, vi cómo a una chica que estaba haciendo cola en el consulado boliviano de Madrid le daban un tirón y le robaban el bolso con los documentos y el móvil. Justo en ese momento pasaba un coche de la Policía por la calle y ella salió corriendo a avisarles. Pero, aunque cueste creerlo, lo primero que hicieron al ver a una extranjera solicitando su ayuda fue pedirle la documentación, y al explicarles lo que había sucedido, la detuvieron por indocumentada y se la llevaron a comisaría”. Como ejemplo práctico de indefensión éste tampoco está mal, ¿no?

Pero por lo visto donde más abusos se cometen es, como en el caso de K., en lo relativo a la reagrupación familiar. Lo que me hace sospechar que, junto a los requisitos que se exigen oficialmente, debe haber también la directriz extraoficial de poner todo tipo de palos en las ruedas de las reagrupaciones. Porque de otro modo no se entienden esos casos burocráticamente farragosos en los que, aunque los peticionarios cumplen con los requerimientos, se topan una y otra vez con pretextos peregrinos o con la arbitraria cerrazón de algún funcionario. Y así, sé por ejemplo de un matrimonio mixto de español y centroamericana (no digo el país porque no quieren ser identificados) que no ha podido traer a un hijo menor de edad, que vive en su país de origen, porque en el consulado alegan, quien sabe por qué, que no es hijo del padre (cosa que, por otra parte, tampoco impediría la reagrupación según el reglamento); y esta alucinante opinión sobre la paternidad, para mayor oprobio, la han planteado delante del propio chaval. En fin, lo terrible es saber que todos estos excesos son un producto colectivo. Son el resultado de una legislación restrictiva; de unos individuos que, a título personal, se comportan como unos miserables; y de una sociedad que no presta atención a este tipo de carnicerías administrativas. El matrimonio mixto que no ha conseguido traer a su hijo me mandó una última carta hace una semana. Termina así: “Estamos intentando poner remedio a esta situación. Simplemente tenemos que vivir en un país que no sea España. Si todo va bien, en un par de meses nos habremos ido todos a un país más justo y más libre”.